La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las américas”, ha recomendado a los Estados americanos:

“17. Proteger a las y los operadores de justicia cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, agresiones y hostigamientos en su contra. Para ello se requiere otorgar fondos apropiados y apoyo político a las instituciones y los programas (…) 19. Realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por las operadoras y operadores de justicia de tal manera que se sancionen efectivamente a sus autores materiales e intelectuales. La CIDH considera conveniente que los Estados establezcan unidades especializadas con los recursos necesarios y capacitación, así como protocolos específicos de investigación, a fin de que actúen de manera coordinada y respondan con la debida diligencia que se requiere.” (2013)

Desde el año 2019, el Ministerio Público cuenta con la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas. De acuerdo con el Acuerdo número 70-2019 de la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, esta Fiscalía de Sección es la encargada de conocer, investigar y perseguir penalmente los delitos que se cometan contra operadores de justicia y abogados, cuando los hechos hayan sido cometidos con el objeto de limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o sean un acto de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad.

Fuera del ámbito institucional, las injerencias internas o externas que tengan lugar en cada una de las instituciones y que sean objeto de un proceso penal por ser una conducta delictiva, están a cargo de las Fiscalías Especiales de Delitos contra Operadores de Justicia. Sin embargo, la cantidad de denuncias que se reciben no corresponde a la frecuencia con la que los operadores de justicia perciben que se dan las injerencias en su labor. Es importante acotar, que anteriormente, esta Fiscalía de Sección se encontraba dentro de las agencias fiscales especializadas de la Fiscalía de Derechos Humanos.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, en el período comprendido 2017 – 2020 la media de denuncias presentadas a la Fiscalía de Sección de Operadores de Justicia por año fue de 360. Los años que presentan un mayor crecimiento de denuncias es el 2019 y 2020, con 677 y 432, respectivamente.

Llama la atención el dato que del alto número de denuncias presentadas que a razón de los operadores de justicia constituyen “delito”, ya que una media de 360 delitos por año reviste trascendencia, proveyendo un dato de 30 denuncias de delitos al mes lo que hace vulnerable al sistema y sobre todo proclive a la dependencia interna y externa por la falta de seguridad que el propio sistema pueda proveerles. Situaciones alarmantes como estas, han sido advertidos por la CIDH:

“En los países en donde los ataques en contra las y los operadores de justicia son más sistemáticos y numerosos, los Estados deben poner a disposición todos los recursos necesarios y adecuados para evitar daños contra la vida e integridad física y garantizar así su imparcialidad. La CIDH considera que los programas de protección especializados pueden facilitar a estos Estados cumplir con su obligación de protección al permitir mayor cercanía y conocimiento concreto de la situación particular de él o la operadora en riesgo y consecuentemente, brindar una intervención oportuna, especializada, y proporcional al riesgo.” (2013)

Además, esa falta de capacidad del sistema para garantizar la seguridad a los operadores del sistema judicial se eleva en cuanto que el número de sentencias condenatorias alcanzadas 2017 fue de 5, respecto a la cantidad de casos ingresados y sobre todo la trascendencia de las denuncias presentadas. A ello debe agregarse el nivel de proyección inversa o de disminución que han tenido las sentencias, ya que para el año 2019 se alcanzaron 3 sentencias, lo que denota una baja considerable en la respuesta efectiva o al menos tendencialmente efectiva de las denuncias por delitos cometidos en contra de operadores de justicia.