La comunicación de forma oral entre los protagonistas del conflicto con los funcionarios judiciales conforma uno de los principales elementos del modelo procesal penal acusatorio. En su momento, implicó el desmontaje de la tradición del trámite del expediente, símbolo de los procesos inquisitivos, que ha servido de justificación para mantener el culto de las formalidades procesales antes que el desarrollo del contenido de las normas.

Es importante acotar, que la oralidad se concibe como una de las tantas formas en que las personas se pueden expresar. Para el sistema de administración de justicia, la oralidad tiene una connotación especial, pues se concibe como el principal mecanismo en que deben realizarse los actos jurisdiccionales y los realizados por quienes han acudido a las agencias del sistema.

La comunicación oral favorece una interacción inmediata entre las personas, lo cual se ha demostrado en la práctica que facilita la solución inmediata y amistosa del conflicto en el que pueden estar involucradas. Caso contrario sucede con la comunicación escrita –propia de los sistemas inquisitivos-, en donde no existe espontaneidad y tampoco existe interacción entre las personas.

Sobre la comunicación, Alliaud (2017) menciona que:

La interacción entre el emisor y el receptor que se da con la palabra hablada permite observar en la comunicación oral un feedback entre el emisor y el receptor, que no se da con otras comunicaciones. Mucho más cuando esa comunicación oral se encuentra acompañada con lo gestual y lo escénico (…) donde el habla tiene una corporeidad, en tanto el emisor y el receptor pueden observarse, y todos conocemos que también se expresa desde lo gestual.

Hay que tomar en cuenta la realidad multicultural y multilinguística que caracteriza al país. Esto es clave para la comunicación oral en cualquiera de las atenciones e intervenciones de los funcionarios de justicia hacia cada usuario. La situación se dificulta cuando no existen intérpretes en las agencias de justicia, que minimicen los efectos que tiene el hecho de que los funcionarios no hablen un idioma maya.

Por este motivo, el Estado debe “facilitar el acceso a los servicios de salud, educación, justicia, seguridad, como sectores prioritarios para los cuales la población deberá ser informad y atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística” y “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” (2001).

Así como el imputado tiene derecho a un defensor también “tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete para esos actos”, según el artículo 90 del Código Procesal Penal. Cabe decir, que el mismo derecho le asiste a la víctima para acceder a la justicia.