Logros y reconocimientos

En cuanto a procesos de cambio normativo, el Instituto ha participado en las siguientes propuestas:

  1. Aprobación de leyes y reglamentos: Ley del régimen penitenciario, Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Reglamento disciplinario de la PNC, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia y Reglamento general de juzgados y tribunales penales, entre otros.
  2. Aprobación de directrices y normativas: Política de persecución penal del Ministerio Público, Instrucción sobre mecanismos de salida al proceso penal común, Instrucción sobre medidas de coerción e Instrucción sobre delitos de violencia contra la mujer.
  3. Propuesta de reformas: Al Código Penal, al Código Procesal Penal (diagnóstico y propuesta de estrategias para la investigación de delitos contra la vida), a la Ley de armas y municiones, a la Legislación penal militar y a Ley de empresas privadas de seguridad.
  4. Creación de instituciones: La Dirección General de Investigación Criminal –DIGICRI– (2012), órgano encargado de proteger la escena del crimen, investigar para esclarecer delitos (en especial los casos de urgencia que puedan traer consecuencias ulteriores) y colaborar con las fuerzas de seguridad de otros países en pesquisas por órdenes de captura, entre otras. Asimismo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el que se plasma una estructura y funcionamiento de todos los lugares donde haya o pueda haber personas privadas de libertad, tanto locales policiales, como cárceles, lugares de alojamiento de migrantes indocumentados, personas menores abandonadas o en conflicto con la ley penal, enfermos mentales, etcétera.

En estos procesos destaca la propuesta de gestión judicial para Quetzaltenango, realizada en conjunto con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y con los funcionarios de justicia de ese departamento, por medio de la cual se logró implementar un sistema de gestión en los juzgados de instancia y en el tribunal de sentencia que, por una parte, ha reducido significativamente los tiempos de los procesos y, por la otra, ha aumentado las respuestas efectivas a los conflictos. Este proceso, luego del éxito en Quetzaltenango, se ha implementado en varios departamentos del país.

En el área de justicia penal juvenil, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social –SBS–, se logró implementar programas de libertad asistida y servicios a la comunidad en varios departamentos del país, lo que ha reducido la privación de libertad de jóvenes en conflicto con la ley penal.

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