Gestión de la multiculturalidad en Guatemala

En tanto no se reconozca la diversidad cultural del país y se incorpore a la legalidad y la práctica cotidiana los derechos de los pueblos indígenas, difícilmente se podrá hablar de una democracia real

Pluralismo jurídico

En primer lugar y como corolario de este artículo, es sumamente importante establecer que la situación actual de los pueblos indígenas en Guatemala –y probablemente del resto de países Latinoamericanos- es el resultado de un proceso histórico marcado por la negación de su cultura, la discriminación, la exclusión y sobre todo la explotación económica de sus recursos. Y es que, a diferencia de otros países Latinoamericanos, es uno de los pocos donde las personas que se autodefinen como “indígenas” representan un alto porcentaje de la población.

Mientras en México, por ejemplo, los pueblos indígenas representan menos de una cuarta parte del total poblacional, en Guatemala, según datos del último censo de población, constituyen el 41.20% y es totalmente discutible. De hecho, como diversas organizaciones sociales, el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del PNUD, cuestiona este porcentaje y establece que muchos no se identificaron como “indígenas por problemas metodológicos y/o –y aquí lo importante- la vergüenza o temor al definirse como tal, dada la carga de desvalorización del término en la actualidad o las implicaciones y riesgos por el conflicto armado interno. Es decir, subsanando estas circunstancias, muy probablemente el porcentaje aumente a más del 50%, como bien señalan otros informes relacionados con el tema.

También se puede afirmar que los pueblos indígenas, a lo largo de la historia guatemalteca, han sido excluidos, marginados y discriminados, y no es sino hasta 1996, con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, más la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que el Estado reconoce “políticamente” la existencia de los pueblos indígenas en una sociedad multiétnica y multilingüe, y amplía los espacios políticos para el reconocimiento de la naturaleza pluricultural de la sociedad guatemalteca. De hecho, la definición de la Ley de Idiomas Nacionales y la reforma al Código Penal, que incorpora el delito de discriminación, son importantes ejemplos en el plano normativo; del mismo modo, la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala –CODISRA-, en el plano de políticas institucionales de acción afirmativa en busca de este objetivo.

No abstente lo anterior, es evidente que estos esfuerzos –y otros sobre la marcha- no son suficientes para contrarrestar los efectos del racismo y la discriminación étnica, y para, en última instancia, impulsar el desarrollo a todo nivel de los pueblos indígenas. De hecho en la actualidad, la élite dominante aún mantiene una mentalidad colonial o neocolonial, que si bien es cierto, permite la relación con los pueblos indígenas, sólo prospera si ésta es de dominación o explotación. Esto significa que el racismo, materializado a través de la discriminación étnica y latente a través de actitudes y comportamientos de distinción, exclusión, restricción o preferencia en contra de los pueblos indígenas, es aún una realidad imperante en el país y que, visto críticamente, no es más que un residuo histórico del mecanismo colonialista de apartheid; es decir, que apartó y sigue apartando política, económica, social y culturalmente a un grupo étnico considerado como inferior y diferente por sus costumbres, idioma, cosmovisión y autodefinición, en contraste al grupo étnico dominante en una sociedad.

Esta breve contextualización permite vislumbrar que el estado de situación de los pueblos indígenas es el resultado de un proceso histórico, como seguramente otros grupos marginalizados, pero en este caso fundamentalmente marcado por el racismo y su materialización –la discriminación étnica-, que finamente ha generado –y genera actualmente- niveles inimaginables de invisibilización, exclusión, marginalización e incluso eliminación. Y esta conclusión radica fundamentalmente en las políticas que el Estado guatemalteco, a lo largo de la historia, ha utilizado para gestionar la diversidad cultural; es decir, políticas que inicialmente buscaron la segregación y/o la asimilación y, actualmente la integración y el pluralismo liberal, que finalmente son asimilacionistas. Estas circunstancias, por tanto, posicionan la necesidad de gestionar la multiculturalidad a través de políticas respetuosas de los derechos humanos fundamentales –entiéndase, multiculturalismo- y la necesidad inicial que los pueblos indígenas conozcan sus derechos, no sólo reconocidos a nivel nacional sino a nivel internacional.

Por estas razones se considera trascendental que el Estado de Guatemala, además de las acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas –reformas y políticas institucionales-, reconozca los derechos específicos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas; es decir, trincherar políticamente que es un Estado plural que se fundamenta en la diversidad del país y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico de sus habitantes. Sólo de esta forma se podrá gestionar legítimamente la diversidad cultural del país y, en todo caso, adaptar los cuerpos normativos a una “realidad jurídico-política” de las que afanosamente se habla en las propuestas de reforma a la Constitución en la actualidad.

En fin, es importante que en contextos como el actual se posicione la necesidad fundamental del reconocimiento de los pueblos indígenas, pues en tanto no se reconozca la diversidad cultural del país y se incorpore a la legalidad y la práctica cotidiana los derechos de los pueblos indígenas, difícilmente se podrá hablar de una democracia real. En otras palabras, si la democracia guatemalteca quiere reconocerse en la soberanía de todos los guatemaltecos, entonces debe, necesariamente, reconocer la diferencia que representan los pueblos indígenas y, además, identificarse con sus intereses, atendiendo la regla de las mayorías.

Última modificación: 29 de julio de 2015 a las 08:57
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