Gestión de la multiculturalidad en Guatemala: los primeros pasos y los pendientes

Es importante que los pueblos indígenas conozcan y aprehendan sus derechos en sus respectivos idiomas.

Pluralismo jurídico

En primer lugar, y como corolario de este artículo, es sumamente importante establecer que la situación actual de los pueblos indígenas en Guatemala —y probablemente del resto de países Latinoamericanos— es el resultado de un proceso histórico marcado por la negación de su cultura, la discriminación, la exclusión y sobre todo la explotación económica de sus recursos. Y es que, a diferencia de otros países Latinoamericanos, es uno de los pocos donde las personas que se autodefinen como “indígenas”, representan un alto porcentaje de la población y, por tanto, aumentan considerablemente los índices de vulnerabilidad social.

Mientras en México, por ejemplo, los pueblos indígenas representan menos de una cuarta parte del total poblacional, en Guatemala, según datos del último censo de población, constituyen el 41.20% y es totalmente discutible. De hecho, como diversas organizaciones sociales, el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del PNUD, cuestiona este porcentaje y establece que muchos no se identificaron como “indígenas por problemas metodológicos y/o –y aquí lo importante- la vergüenza o temor al definirse como tal, dada la carga de desvalorización del término en la actualidad o las implicaciones y riesgos durante el conflicto armado interno. Es decir, subsanando estas circunstancias, muy probablemente el porcentaje aumente a más del 50%, como bien señalan otros informes relacionados con el tema.

Es cierto que oficialmente, se reconoce en el país la existencia de 22 comunidades lingüísticas de origen maya: achi’, akateko, awakateko, ch’orti’, chuj, itza, ixil, jakalteco, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi’, sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tz’utujil, chachilteko y uspanteko; y, además, la comunidad lingüística xinca, de origen náhuatl y la garífuna, de origen afroamericana, que permiten vislumbrar, aparentemente, algunos avances en las políticas de gestión de la multiculturalidad.

Sin embargo, el último censo nacional estimó en un 42.7% a la población indígena bilingüe, es decir que habla un idioma maya y el español, frente un 34.4% que solamente habla un idioma maya; del mismo modo, que 52.3% de indígenas de 15 años y más, es alfabeta, lo que deja entrever que aproximadamente la mitad de la población indígena de 15 años y más, no sabe leer ni escribir; finalmente, que el número de indígenas que vive en las áreas urbanas había aumentando considerablemente en la actualidad, aunque la mayoría continúa viviendo en comunidades rurales que, en esencia, son las esferas donde las grandes desigualdades que caracterizan a la sociedad guatemalteca, se materializan más fuertemente en los fenómenos de pobreza, racismo y exclusión social.

Históricamente se puede afirmar que los pueblos indígenas han sido excluidos, marginados y discriminados, y no es sino hasta 1996, con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, más la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que el Estado reconoce “políticamente” la existencia de los pueblos indígenas en una sociedad multiétnica y multilingüe, y amplía los espacios políticos para el reconocimiento de la naturaleza pluricultural de la sociedad guatemalteca.

De hecho, la definición de la Ley de Idiomas Nacionales –que más adelante atenderemos- y la reforma al Código Penal, que incorpora el delito de discriminación, son importantes ejemplos en el plano normativo; del mismo modo, la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena –-DEMI— y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala –CODISRA-, en el plano de políticas institucionales de acción afirmativa en busca de este objetivo.

No obstante lo anterior, es evidente que estos esfuerzos –y otros sobre la marcha- no son suficientes para contrarrestar los efectos del racismo y la discriminación étnica, y para, en última instancia, impulsar el desarrollo a todo nivel de los pueblos indígenas. De hecho, en la actualidad, la élite dominante continúa manteniendo una mentalidad colonial o neocolonial que, si bien es cierto permite la relación con los pueblos indígenas, sólo prospera si ésta es de dominación o explotación, aunque difícilmente aceptado por ellos.

Esto significa que el racismo, materializado a través de la discriminación étnica y latente a través de actitudes y comportamientos de distinción, exclusión, restricción o preferencia en contra de los pueblos indígenas, es aún una realidad imperante en el país y que, visto críticamente, no es más que un residuo histórico del mecanismo colonialista de apartheid; es decir, que apartó y sigue apartando política, económica, social y culturalmente a un grupo étnico considerado como inferior y diferente por sus costumbres, idioma, cosmovisión y autodefinición, en contraste al grupo étnico dominante en una sociedad.

Esta breve contextualización permite vislumbrar que el estado de situación de los pueblos indígenas es el resultado de un proceso histórico, como seguramente otros grupos marginalizados, pero en este caso fundamentalmente marcado por el racismo y su materialización –la discriminación étnica-, que finamente ha generado –y genera actualmente- niveles inimaginables de invisibilización, exclusión, marginalización e incluso eliminación. Y esta conclusión radica fundamentalmente en las políticas que el Estado guatemalteco, a lo largo de la historia, ha utilizado para gestionar la diversidad cultural; es decir, políticas que inicialmente buscaron la segregación y/o la asimilación y, actualmente la integración y el pluralismo liberal, que finalmente son asimilacionistas aunque con estrategias diferentes.

Estas circunstancias, por tanto, posicionan la necesidad de gestionar la multiculturalidad a través de políticas respetuosas de sus derechos humanos fundamentales –entiéndase, multiculturalismo- y, por tanto, la necesidad inicial que los pueblos indígenas conozcan la Carta Magna en sus respectivos idiomas, dado que el decreto 19-2003 (Ley de Idiomas Nacionales) establece que estos idiomas son oficiales en las regiones, departamentos, municipios y comunidades mayormente pobladas por ellos.

También interesa, lógicamente, que otros cuerpos normativos de sumo interés para los pueblos indígenas sean conocidos en sus respectivos idiomas y, además, que se editen paulatinamente –responsabilidad directa de la ALMG- en los 24 idiomas indígenas de Guatemala, y no sólo en los idiomas K’iche’, Q’eqchi’, Kaqchikel y Mam, que representan el 81% de la población indígena según el INE. Ahora bien, independientemente de las traducciones que se hagan de la Constitución y otros cuerpos normativos –-como acciones afirmativas a su favor—, es sumamente importante gestionar la multiculturalidad desde una posición política que permita el reconocimiento expreso de la diversidad cultural en Guatemala.

Sobre todo porque, es cierto que estas traducciones representan los primeros pasos para preservar y proteger, desde los poderes estatales, la multiculturalidad del país, pero también lo es que son insuficientes para posicionar y solventar los compromisos suscritos políticamente, a nivel nacional e internacional. Y es que al no solventar los compromisos y, por tanto, reconocer los derechos diferenciados que surgen de las propias diferencias de los pueblos indígenas, el Estado no puede garantizar una inserción plena que reduzca la vulnerabilidad de los grupos afectados y, por tanto, les dé cabida dentro de un marco democrático de interacción. De eso se trata el reconocimiento de la diversidad, de llevar al plano constitucional una realidad “jurídico, política y cultural”, en cumplimiento al Convenio 169 de la OIT y los Acuerdos de Paz, como respuesta a las exigencias sociopolíticas de un Estado plural pero históricamente racista, discriminador y excluyente.

Obviamente la Constitución –tal como está- y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, reconocen la diversidad y pluralidad del país. El artículo 66 de la constitución, por ejemplo, establece que el Estado “reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización socia y el uso de idiomas de los pueblos indígenas (…)”; y el artículo 05 del Convenio 169 de la OIT, que “deben reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”.

No obstante lo anterior, se puede apreciar que se plantean desde una postura paternalista y de protección y no desde una postura de reivindicación y empoderamiento. No es casual, por ello, que en el plano del “ser”, de lo fáctico, la postura del Estado sea más bien culturalista y folklórica hacia los pueblos indígenas.

Es por estas razones y el estado de situación de los pueblos indígenas, que se considera trascendental que el Estado de Guatemala, además de las acciones afirmativas a su favor –entiéndase traducción de la Carta Magna y otros cuerpos normativos-, debe reconocer los derechos específicos, individuales y colectivos, de los pueblos indígenas; es decir, atrincherar políticamente que es un Estado plural que se fundamenta en la diversidad del país y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico de sus habitantes. Sólo de esta forma se podrá gestionar legítimamente la diversidad cultural del país y, en todo caso, adaptar la constitución a una “realidad jurídico-política” de la que afanosamente se habla en las propuestas de reforma a la Constitución.

Pues, al reconocer esa diversidad cultural, se puede posicionar en los ordenamientos jurídicos y políticos, además, el pluralismo jurídico del país y la lucha contra los efectos destructivos de la minería y otros megaproyectos a través de la efectiva aplicación del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado vinculados con el derecho la tierra, el territorio, la espiritualidad y los recursos naturales.

En fin, es importante que los pueblos indígenas conozcan y aprehendan sus derechos en sus respectivos idiomas –y lógicamente se reconocen positivamente las iniciativas iniciales-; sin embargo, también es importante que en contextos como el actual, se posicione la necesidad fundamental del reconocimiento de los pueblos indígenas; pues, en tanto no se reconozca la diversidad cultural del país y se incorpore a la legalidad y la práctica cotidiana los derechos de los pueblos indígenas, difícilmente se podrá hablar de una democracia real. En otras palabras, si la democracia guatemalteca, quiere reconocerse en la soberanía de todos los guatemaltecos, entonces debe, necesariamente, reconocer la diferencia que representan los pueblos indígenas y, además, identificarse con sus intereses, atendiendo la regla de las mayorías.

Última modificación: 17 de junio de 2015 a las 07:10
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